La ministra de Seguridad sobre el narcotest a funcionarios de los tres poderes: “Quienes ocupan un cargo público no pueden ser parte de un delito”

“Acá el narcotráfico está destruyendo la sociedad, la familia y me parece que quienes ocupan un cargo público tienen que responder por esto. No pueden ser parte de un delito porque a los ciudadanos les debemos una respuesta y una coherencia”, manifestó la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, sobre el proyecto de ley de "Ejemplaridad y Coherencia por parte de los Poderes Públicos de la Provincia".

La funcionaria concurrió esta mañana a la Legislatura a una reunión con los diputados del oficialismo y la oposición donde abordó dos temas centrales; la reforma en el Código Procesal Penal para introducir el concepto de reiterancia y el narcotest a funcionarios de los tres poderes del Estado para saber si consumen drogas. Luego brindó una conferencia de prensa junto a la titular del interbloque oficilialista, Eugenia Gallardo y los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Charly Pereira y de Seguridad Pública, Marisa Patafio.

Ante los legisladores de Cambia San Luis-UCR, dialoguistas y del bloque albertista, Unión por San Luis de las dos comisiones y otros que se sumaron, la ministra habló del estado de la seguridad.

“Hay un flagelo que tiene que ver con el narcotráfico, este es un hecho delictual, criminal, la droga siempre está vinculada con el daño social. Nos parece importante que quienes cumplen una función que se le ha otorgado a través del pueblo o que ha sido decidida por quien conduce el Estado pueda tener coherencia y no ser parte de la cadena comprando estupefacientes”, planteó.

Y agregó: “No puede ser que aquellos que van a aplicar una norma, juzgar a una persona o legislar sobre nuevas leyes, sean parte del delito”.

La propuesta fue presentada a mediados del año pasado por la diputada Marisa Patafio. Desde ese momento permanece en la comisión de Asuntos Constitucionales y Labor Parlamentaria.

La funcionaria ratificó que los funcionarios “no pueden perseguir, condenar y sentenciar ilícitos y ser parte al mismo tiempo, es totalmente incompatible”.

Sin embargo, Sosa afirmó que con el proyecto no se busca criminalizar a quienes consumen sino “prevenir, apuntar y combatir el narcotráfico”.

Respecto al tiempo en que se realizarán los test, dijo que dependerá de la reglamentación de la ley: “Es muy importante el asesoramiento de quienes son especialistas en este tema, que conocen las posibilidades de reincidencia, eso será el paso siguiente. Creo que la discusión no la debemos dejar de dar y sobre todo ser coherentes porque la sociedad exige una respuesta a quienes se les paga el sueldo con los impuestos del pueblo y me parece que lo tenemos que combatir en todos los lugares y sentidos”.

También negó que esto significa un avance sobre la privacidad del funcionario: “Desde el rol que cumple ya tiene expuesta su vida. Y me parece que, si una persona toma decisiones por la comunidad, lo tiene que hacer con la mayor imparcialidad, cuidado y protección. No puede estar condicionado a su accionar”.

Por último, dijo que esto servirá para empezar a tener estadísticas de consumidores en San Luis: “Sabemos que desde 2017, según nos ha informado el director del Sedronar, no hay ningún tipo de dato debido a que se cambiaron los indicadores de medición y debemos empezar a hacer los registros necesarios”.

En su articulado, la propuesta establece como requisito para permanecer en el ejercicio de la función pública en el nivel jerárquico y/o político el carecer de consumo y adicción a drogas ilegales. Para eso, deberán realizarse en “carácter obligatorio y de forma aleatoria”, un examen de detección de metabolitos estupefacientes en orina para determinar la presencia de sustancias psicoadictivas en sus organismos.

En el caso de un test positivo, el funcionario tendrá derecho a exigir una contraprueba dentro de los 10 días hábiles siguientes acompañado por un perito de parte que designe el interesado. Si se repite, la autoridad de aplicación conjuntamente con las máximas autoridades de cada uno de los poderes, determinará si corresponde el otorgamiento de licencia, suspensión hasta su cese en la función pública o revocación del mandato.

Otros temas

La ministra se refirió al proyecto de ley de reforma al Código Procesal Penal y que tiene media sanción del Senado.

"Creo que es importante que podamos dar los debates desde los distintos enfoques y consideramos la importancia de la reiterancia porque ayudaría a la política criminal que debe llevar adelante el ministerio Público Fiscal y en los que la Policía colabora con la acción preventiva. Vemos repetitivamente los mismos autores cometiendo varios hechos, y esta figura haría cesar la acción delictual", planteó.

La ministra también se refirió al robo que sufrió un jubilado la semana pasada donde los delincuentes estaban vestidos de policía. En este sentido, aseguró que las responsabilidades que tienen los efectivos sobre el uniforme es la misma que tienen en el armamento.

“Por eso el uniformado que se vio involucrado en esa situación ha sido pasado a disponibilidad y se va a investigar porque esto ofende a la institución”, sostuvo.

“Este hecho tiene a los autores individualizados", afirmó y añadió: "“Hubo un allanamiento, aprehensión, pero se dispuso la libertad".

Fue el mismo policía quien dijo que le habían robado el uniforme e hizo la denuncia.

Por último, Sosa contó que hoy se produjo un hecho similar donde los delincuentes también hicieron uso del uniforme policial.